El Hospital Central de Maracay (HCM) ha sido objeto de denuncias por parte de mujeres que afirman haber sido obligadas a dar a luz sin tener en cuenta los riesgos que esto implicaba para su salud y la de sus bebés. Estas acusaciones de negligencia médica han generado indignación y el llamado a una investigación exhaustiva para evitar que más madres pasen por situaciones similares.
Bárbara Rivero, una residente de La Victoria, acudió al Hospital José María Benítez cuando cumplió 39 semanas de embarazo debido a dolores que presentaba.
En este lugar, los médicos de turno le informaron que su bebé tenía “bradicardia” y la remitieron de emergencia al Hospital Central de Maracay (HCM), ya que el parto representaba un alto riesgo y se requería una cesárea. Sin embargo, en el HCM, a pesar de la falta de líquido amniótico y de que Rivero ya había tenido dos cesáreas previas, el Dr. Jesús Castrillo la obligó a dar a luz.
Después de una espera de 12 horas, ingresaron a Rivero a la sala de parto a las 5:00 de la mañana del 7 de diciembre, pero desafortunadamente el bebé nació sin signos vitales.
Rivero denunció el trato inhumano que recibió por parte del personal médico, incluso relató que tomaron una foto donde se veía la cabeza de su bebé y se la mostraban riéndose. Además, afirmó que no le entregaron todos sus exámenes y controles prenatales.
Buscando justicia, Rivero presentó una denuncia formal en el Ministerio Público el 12 de diciembre y solicitó al fiscal Tarek William Saab que revisara su caso. Aunque fue sometida a otra operación de emergencia el 30 de diciembre y fue dada de alta el 5 de enero, aún no ha recibido respuestas sobre su denuncia.
Los testimonios de mujeres como Bárbara Rivero revelan la grave situación de negligencia médica y maltrato en el Hospital Central de Maracay.
Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva sobre estos casos y que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el respeto hacia las mujeres embarazadas. La denuncia de Rivero y su búsqueda de justicia deben ser atendidas por las autoridades competentes, con el objetivo de prevenir futuros casos similares y asegurar que todas las madres reciban la atención adecuada y el respeto que merecen durante el proceso de parto.
