Cuatro funcionarios policiales pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana fueron liberados de manera segura después de casi dos días en cautiverio. El secuestro ocurrió en el Centro de Atención al Detenido de La Morita II, en el estado Aragua, y fue resuelto gracias a un acuerdo alcanzado por la magistrada Fanny Márquez Cordero.
La liberación de los policías secuestrados fue posible gracias a un acuerdo alcanzado por la magistrada Fanny Márquez Cordero. Como parte de este acuerdo, se decidió trasladar a un grupo de 20 reclusos a la cárcel “26 de Julio” en Guárico, otro grupo de 20 al Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador en Tocuyito, estado Carabobo, y los últimos 20 a Tocorón.
Tras el secuestro, los reclusos denunciaron presuntos casos de corrupción en el Centro de Atención al Detenido. Alegaron que les “cobraban vacunas” por derechos que les correspondían, como las comidas y las visitas familiares. Las autoridades han anunciado una investigación para esclarecer estos casos y tomar medidas adecuadas.
Además de investigar los casos de corrupción, se ha solicitado una revisión de los casos en el Centro de Atención al Detenido. Se sospecha que algunos de ellos fueron manipulados y “sembrados” por funcionarios con el fin de extorsionar a los reclusos. Esta revisión busca garantizar la justicia y la imparcialidad en los procesos judiciales.
La liberación segura de los cuatro funcionarios policiales secuestrados en La Morita es un alivio para sus familias y la sociedad en general. El acuerdo alcanzado por la magistrada Fanny Márquez Cordero permitió el traslado de reclusos a diferentes centros penitenciarios como parte de la resolución del conflicto. Sin embargo, también se ha abierto una investigación sobre la corrupción y manipulación de casos en el Centro de Atención al Detenido, lo que refuerza la importancia de mantener la transparencia y la ética en el sistema judicial.
