Wilmer Coromoto Martínez Gámez (50) y su sobrino Misael Michel Martínez Suárez (30) han sido sentenciados a 18 años de prisión por su participación en el tráfico de 44 plantas de marihuana. Este caso se remonta al 8 de septiembre de 2022, cuando las autoridades descubrieron estas actividades ilegales en una residencia ubicada en el municipio San Rafael de Onoto, estado Portuguesa, Venezuela.
Ese día, una comisión de la Policía Nacional Bolivariana llevaba a cabo operaciones de seguridad en el sector Tejerías de San Rafael de Onoto. Fue en ese momento que los oficiales notaron la presencia de uno de los acusados frente a una vivienda. Al percatarse de la presencia policial, el individuo reaccionó de manera evasiva y escapó hacia el interior de la casa. Ante esta situación, los agentes iniciaron una persecución que culminó en el patio de la residencia, donde se encontraba el segundo implicado.
Durante la inspección de la propiedad, las autoridades descubrieron un total de 44 plantas de marihuana y varios envoltorios de la misma sustancia, con un peso conjunto de un kilo con 579 gramos. Además, se incautaron un saco de hojas de tabaco, un paquete de urea y tres pipas de fabricación casera hechas de aluminio y bronce. Estas evidencias llevaron a la detención inmediata de ambos individuos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
En el proceso de juicio, la Fiscalía 1a del segundo circuito de la jurisdicción ratificó las acusaciones contra el tío y el sobrino. Los cargos incluyeron tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como tráfico ilícito de semillas, resinas y plantas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Drogas. Tras la evaluación de las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal 4º de Juicio de Acarigua dictó la condena mencionada, ordenando la reclusión de Martínez Gámez y Martínez Suárez en la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada en el estado Lara.
Este caso ilustra la importancia de la vigilancia constante por parte de las autoridades para combatir el tráfico de drogas y las actividades ilícitas relacionadas. Además, resalta la necesidad de una cooperación continua entre la policía y el sistema judicial para garantizar que los responsables de estos delitos enfrenten las consecuencias de sus acciones. Para prevenir futuros casos de tráfico de drogas, es fundamental concienciar sobre los riesgos asociados y promover la educación sobre los efectos negativos de las sustancias ilegales. La sociedad y las instituciones deben trabajar juntas para mantener seguras a nuestras comunidades y evitar que estas actividades ilícitas prosperen.
