El Centro Penitenciario de Aragua, situado en Tocorón, ha sido el escenario de una serie de acontecimientos que han llevado a la imputación de dos de sus directivos
La detención de funcionarios del Ministerio Penitenciario por presuntos delitos de corrupción, en este caso, que ha desencadenado la segunda fase de la Operación de Liberación, también ha involucrado a altos funcionarios del gobierno venezolano.
Dos altos directivos del Centro Penitenciario de Aragua, Rigoberto Jesús Fernández Colina y Ezequiel Antonio Pérez Rivero, enfrentarán imputaciones por delitos vinculados a la corrupción, según una investigación inicial realizada por la Fiscalía 21° del Ministerio Público.
Además, cinco funcionarios del Ministerio Penitenciario que se desempeñaban como custodios en Tocorón, Larry Peter Figueira Moreno, José Rafael Navarro Prieto, Ángel Alexander Talavera Barrios, Yovanni Alexander Camacho Pérez y Johanny Antonio Morillo Esmetet, también han sido detenidos para enfrentar imputaciones similares.
El presidente Nicolás Maduro informó que la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro, que condujo a la toma de Tocorón, había sido previamente alertada a los líderes del Tren de Aragua, una organización delictiva que operaba desde la prisión.
El Presidente Maduro anunció que los funcionarios que proporcionaron esta alerta serían juzgados y castigados de manera severa, donde el ministro de Interiores, Remigio Ceballos, enfrentó preguntas sobre cómo se introdujo material de guerra dentro de la prisión, y señaló que ya había cuatro funcionarios detenidos en relación con este asunto.
El misterio en torno a la entrada de este armamento en Tocorón continúa, además las autoridades venezolanas se encuentran inmersas en la segunda fase de la Operación de Liberación, que tiene como objetivo la localización de los presos fugados de Tocorón, incluyendo a los líderes de la organización criminal Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores (Niño Guerrero) y Josué Santana (El Santanita).
A medida que este complejo caso se desarrolla, es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas y justas para determinar la responsabilidad de los implicados en los delitos de corrupción y la entrada de material de guerra en la prisión. Además, se debe garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en las operaciones penitenciarias.
La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza en el sistema penitenciario y prevenir futuros incidentes similares.
