Este martes 21 de mayo, se prevé la aprobación en segunda discusión del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela. Impulsada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la iniciativa busca regular el flujo de recursos económicos hacia las ONG, especialmente aquellos provenientes del extranjero, con especial énfasis en los financiamientos de Estados Unidos.
Regulación y transparencia financiera
La aprobación en primera discusión del proyecto de ley tuvo lugar el 23 de enero del año pasado en la Asamblea Nacional, y se espera que esta vez se consolide su aprobación. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ha sido un promotor destacado de esta iniciativa.
Según sus declaraciones en una reciente rueda de prensa, la ley obligaría a las ONG a rendir cuentas claras sobre el origen y destino de sus recursos económicos, particularmente aquellos provenientes de entidades extranjeras, principalmente de Estados Unidos.
Transparencia y rendición de cuentas
El énfasis en la transparencia y rendición de cuentas subraya la preocupación del gobierno venezolano por la supuesta injerencia extranjera en asuntos internos a través del financiamiento de organizaciones no gubernamentales.
Cabello, durante la mencionada rueda de prensa, denunció a las ONG que reciben fondos del exterior como entes que actúan en contra de los intereses del país, y destacó que aquellos que más se oponen a esta regulación son precisamente los beneficiarios de esos recursos económicos foráneos.
Control y supervisión legislativa
El proceso legislativo para la aprobación de esta ley ha sido liderado por el PSUV en la Asamblea Nacional. Se espera que durante el debate en la sesión parlamentaria del martes se discutan los últimos detalles y se ratifique su aprobación en segunda discusión. La medida apunta a fortalecer el control y supervisión sobre las actividades y financiamientos de las ONG en el país, con el objetivo declarado de proteger la soberanía nacional y prevenir posibles acciones desestabilizadoras financiadas desde el exterior.
Las reacciones ante esta iniciativa no se han hecho esperar. Mientras algunos sectores del gobierno la ven como una medida necesaria para proteger los intereses nacionales, críticos y defensores de los derechos humanos la consideran un intento de coartar la libertad de asociación y de expresión en el país. Argumentan que estas medidas podrían obstaculizar el trabajo de las ONG, muchas de las cuales realizan labores vitales en áreas como la salud, educación y defensa de los derechos humanos en un contexto de crisis socioeconómica y política.
La aprobación en segunda discusión de la ley de regulación de ONG en Venezuela, prevista para este martes, marca un hito en el proceso legislativo liderado por el PSUV. Si bien se presenta como una medida destinada a promover la transparencia y proteger la soberanía nacional, sus detractores la ven como una amenaza a la libertad de asociación y expresión en el país. El debate en torno a esta ley refleja las tensiones políticas y sociales que caracterizan a Venezuela en la actualidad, y subraya la importancia de encontrar un equilibrio entre la protección de los intereses nacionales y el respeto a los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.
