La Contraloría General de Venezuela ha anunciado la inhabilitación de los alcaldes opositores Iraima Vásquez y José María Fermín, de los municipios Tubores y Villalba en el estado Nueva Esparta. Ambos ediles han sido sancionados con 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Esta decisión ha generado controversia, especialmente porque los afectados aseguran no haber recibido ninguna notificación formal.
Contexto de la inhabilitación
Según el portal web de la Contraloría General, la inhabilitación de Vásquez y Fermín se formalizó mediante resoluciones fechadas el 24 de mayo de 2024.
Pese a esta información, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la institución sobre los motivos que llevaron a esta medida. La falta de comunicación oficial ha sido un punto de controversia, ya que los alcaldes no fueron notificados directamente.
Reacciones de los afectados
La alcaldesa Iraima Vásquez expresó su sorpresa al enterarse de su inhabilitación a través de la página del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Nosotros no hemos recibido ninguna notificación. Vamos a esperar a que notifiquen”, declaró a EFE.
Esta situación ha dejado a los alcaldes en una posición incierta, ya que no se les ha proporcionado ninguna justificación detallada para la sanción.
Inhabilitaciones previas
La reciente inhabilitación de Vásquez y Fermín no es un hecho aislado. El 24 de abril de 2024, la Contraloría inhabilitó a otros cuatro opositores, incluyendo a un alcalde, para ejercer cargos públicos por 15 años. Entre los sancionados se encuentran el alcalde del municipio El Hatillo, Elías Sayegh, el exdiputado Tomás Guanipa y los exalcaldes José Fernández y Carlos Ocariz.
Además, el exparlamentario Juan Caldera fue inhabilitado por un período de 12 meses. Estas decisiones se tomaron sin un pronunciamiento claro por parte de las autoridades competentes, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia y legalidad de estos procesos.
Impacto político
La inhabilitación de alcaldes y otros funcionarios opositores ha sido vista como un intento de reducir la influencia de la oposición en la política venezolana. Estas acciones han sido criticadas tanto a nivel nacional como internacional, ya que se perciben como una estrategia para limitar la participación política y debilitar la democracia en el país.
Reacciones y análisis
La falta de comunicación clara y oficial por parte de la Contraloría ha sido fuertemente criticada. Medios de comunicación y analistas políticos han señalado la necesidad de mayor transparencia en el proceso de inhabilitación de funcionarios públicos. La comunidad internacional también ha expresado su preocupación por estas medidas, que podrían considerarse una violación de los derechos políticos y democráticos.
La inhabilitación de los alcaldes Iraima Vásquez y José María Fermín plantea serias preguntas sobre la transparencia y justicia en el sistema político venezolano. Es crucial que la Contraloría General y otras instituciones del Estado proporcionen explicaciones detalladas y justificaciones claras para estas decisiones. Además, es fundamental que los afectados tengan la oportunidad de defenderse y apelar estas sanciones a través de procesos legales justos y transparentes. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben seguir vigilantes y exigir el respeto a los principios democráticos en Venezuela.
