En una operación conjunta entre el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) y otros organismos gubernamentales, se desmanteló un campamento clandestino ubicado en la peligrosa selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.
El asentamiento, compuesto por más de 55 chozas, servía para la venta ilegal de bienes y servicios a migrantes que cruzaban la selva en su camino hacia América del Norte. La operación reveló la existencia de una compleja red de actividades ilícitas que explotaba a los migrantes, con vínculos directos con grupos criminales.
Un campamento ilegal en plena selva
El campamento clandestino fue descubierto durante la operación “Arcángel Miguel”, en la que participaron 150 agentes del Senafront. Ubicado a orillas de un río en la comarca indígena Emberá, el lugar estaba fuera de la ruta migratoria regular, lo que dificultaba su detección. El campamento estaba bien equipado, con botes, plantas eléctricas, neveras y tecnología de internet satelital, lo que permitía a los responsables mantener contacto con redes criminales y facilitar actividades ilegales.
Las autoridades decomisaron siete antenas satelitales Starlink, tecnología que, según el Senafront, se utilizaba para coordinar acciones delictivas en la región. Estas acciones incluyeron la venta de alimentos y otros bienes a los migrantes, así como servicios que incrementaban su sufrimiento y desesperación durante su travesía por la selva.
Una economía ilegal que exacerba el sufrimiento
El Senafront destacó que redes criminales explotaban a los migrantes en este campamento, lucrando con su sufrimiento como parte de las llamadas “economías ilícitas circulares”. En el lugar proliferaban actividades delictivas conexas como la prostitución, el tráfico de drogas y la extorsión, todas promovidas por grupos criminales como el Clan del Golfo. Este grupo, originario de Colombia, controla gran parte de la migración irregular que atraviesa el Darién y establece las reglas del juego, desde el precio de los productos hasta los movimientos de los migrantes.
El director del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc), Jorge Gobea, señaló que este tipo de campamentos son réplicas de lo que hace el Clan del Golfo en Colombia. Recordó que hace un mes se localizaron y destruyeron 30 campamentos similares en otra zona indígena del Darién, lo que evidencia la magnitud del problema.
Testimonios contrapuestos y la realidad de los migrantes en el campamento
A pesar de la contundencia de las acciones policiales, algunos lugareños defendieron la actividad comercial en el campamento, calificando de exageradas las afirmaciones del Senafront sobre la explotación de los migrantes. Sin embargo, la realidad que enfrentan los migrantes en la selva es estremecedora. Además de ser víctimas de asaltos y agresiones sexuales, deben enfrentarse a los peligros del entorno natural, como animales salvajes y la crecida de los ríos.
Al llegar a la provincia de Panamá, los migrantes son atendidos en estaciones migratorias donde reciben asistencia sanitaria y alimentaria. Las autoridades también toman sus datos biométricos, lo que permite llevar un control estadístico y detectar a criminales que puedan estar entre ellos.
Medidas para Controlar el Flujo Migratorio
Ante el incremento de la migración irregular, el gobierno panameño ha adoptado diversas medidas para canalizar el flujo migratorio. Una de estas acciones es el cercado de trochas en la selva, con el fin de dirigir a los migrantes hacia rutas controladas. Además, en colaboración con Estados Unidos, se ha implementado un plan para repatriar a los migrantes que crucen la selva del Darién.
El Senafront reiteró que el único corredor humanitario autorizado en la región es el que conecta Cañas Blancas con Bajo Chiquito. Los agentes ubicaron el campamento clandestino descubierto en esta operación entre los ríos Tacartí y Membrillo, en un área conocida como Dos Bocas, fuera de la ruta permitida.
Según cifras oficiales, el flujo de migrantes a través del Darién ha disminuido en un 27% entre enero y agosto de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta reducción refleja el impacto de las acciones gubernamentales para controlar una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.
