El reciente decreto del gobierno de Nicolás Maduro, que exige un salvoconducto para los venezolanos con pasaporte vencido que deseen regresar al país, ha generado un fuerte rechazo por parte de expertos legales. Abogados constitucionalistas y especialistas en derechos humanos han calificado la medida como inconstitucional e inédita, argumentando que restringe derechos fundamentales garantizados en la Constitución y tratados internacionales. Esta nueva disposición ha desencadenado una serie de cuestionamientos legales y éticos sobre la libertad de circulación y la nacionalidad de los ciudadanos venezolanos.
Inconstitucionalidad de la medida a los venezolanos
La exigencia del salvoconducto para venezolanos con pasaporte vencido ha sido duramente criticada por expertos en derecho. La abogada constitucionalista Vestalia Tovar y el abogado internacionalista Simón Gómez señalaron que la medida vulnera varios artículos de la Constitución venezolana, como el artículo 50, que establece el derecho al libre tránsito. Según la ley, ningún ciudadano necesita autorización para ingresar a su propio país, y las restricciones impuestas por el gobierno de Maduro violan este principio.
Además, los especialistas afirman que la decisión también transgrede el artículo 3 de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar el desarrollo integral de sus ciudadanos, así como el artículo 2, que establece la preeminencia de los derechos humanos. La medida no solo afecta a los venezolanos en el extranjero, sino también a aquellos que buscan regresar a su patria, limitando su libertad de movimiento.
Impacto sobre los migrantes venezolanos
La implementación de esta normativa ha tenido un impacto directo en la diáspora venezolana, que supera los 7 millones de personas, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Muchos migrantes enfrentan dificultades para renovar sus pasaportes debido a la falta de servicios consulares, lo que complica aún más su situación. A pesar de que el gobierno de Maduro permite tramitar el salvoconducto en otros países o a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, muchos migrantes han denunciado que esta opción no está disponible en la plataforma.
El costo del salvoconducto, que asciende a 60 dólares o euros, también ha sido criticado por ser inaccesible para muchos migrantes que ya enfrentan condiciones económicas difíciles. Además, el permiso solo es válido para un único viaje, lo que limita aún más su utilidad. Según Tovar, esta medida es una carga desproporcionada para los venezolanos comunes, que son los más afectados por las restricciones.
Violaciones a los tratados internacionales
La disposición del salvoconducto no solo vulnera la Constitución venezolana, sino también acuerdos internacionales de derechos humanos. Simón Gómez, experto en derecho internacional, explicó que la medida viola el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe a los Estados privar arbitrariamente a sus ciudadanos del derecho a regresar a su país. Esta normativa internacional, a la que Venezuela está suscrita, protege el derecho a la nacionalidad y la libertad de circulación, ambos gravemente restringidos por esta disposición.
Gómez advirtió que la medida podría generar una denuncia internacional ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ya que afecta de manera generalizada a la población venezolana en el exterior. La ONU ha emitido en el pasado observaciones críticas sobre la demora en la emisión de pasaportes venezolanos, y esta nueva medida podría agravar las ya existentes violaciones a los derechos de nacionalidad.
Consecuencias legales y recomendaciones
Ante la serie de violaciones a los derechos fundamentales, los abogados sugieren que los afectados eleven sus casos a instancias internacionales. Vestalia Tovar recomendó que las familias cuyos parientes se encuentran en el extranjero alerten a la ONU sobre las restricciones impuestas por el gobierno venezolano. Además, instó a los ciudadanos a evaluar las implicaciones de la medida antes de tomar decisiones de migración, ya que el salvoconducto no garantiza una solución a largo plazo.
Por su parte, Gómez destacó la importancia de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU supervise el cumplimiento de los tratados internacionales por parte de Venezuela. Según el experto, la medida del gobierno de Maduro limita gravemente el ejercicio de los derechos de nacionalidad y libre circulación, por lo que la comunidad internacional debe estar atenta a sus consecuencias.
La exigencia de un salvoconducto para los venezolanos con pasaporte vencido ha sido calificada como inconstitucional e inédita por expertos en derecho. Esta medida no solo vulnera los derechos fundamentales garantizados por la Constitución venezolana, sino también tratados internacionales que protegen la libertad de circulación y la nacionalidad. Ante la gravedad de la situación, los abogados sugieren elevar el caso a instancias internacionales y advierten sobre las implicaciones legales y prácticas de esta nueva restricción.
