En una medida histórica, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú realizó una reubicación masiva de 228 reclusos desde el penal de Lurigancho, considerado uno de los más congestionados del país. Este operativo, liderado por el Grupo de Operaciones Especiales del INPE, incluyó a 97 internos de nacionalidad venezolana, en un esfuerzo por mitigar la sobrepoblación y restaurar el orden en las instalaciones penitenciarias.
La decisión se tomó en respuesta a múltiples conflictos surgidos entre los reos, relacionados con rivalidades internas y la formación de grupos problemáticos. Este desplazamiento masivo busca garantizar una mejor convivencia en los penales, a la vez que se refuerzan los mecanismos de tratamiento y seguridad para las personas privadas de libertad.
El hacinamiento originó una reubicación masiva
El penal de Lurigancho enfrenta una crisis de sobrepoblación desde hace años, lo que ha generado tensiones crecientes entre los internos.
Las autoridades reportaron que esta situación propicia conflictos interpersonales y fomenta la creación de agrupaciones con fines disruptivos.
Estas condiciones no solo ponen en riesgo la seguridad de los reclusos, sino que también dificultan la implementación de programas de rehabilitación.
De los 228 presos trasladados, un grupo importante corresponde a ciudadanos venezolanos, quienes han buscado mejores condiciones carcelarias en medio de la crisis penitenciaria.
La diversidad cultural y los antecedentes distintos entre los internos también han sido factores que exacerban los enfrentamientos dentro del penal.
Internos regresionados a regímenes más restrictivos gracias a la reubicación masiva
Uno de los aspectos más relevantes de este traslado es la situación de 88 reclusos que, debido a su negativa de participar en actividades de tratamiento, fueron asignados al régimen cerrado especial.
Este grupo, considerado de alto riesgo por su comportamiento dentro del penal, fue enviado a centros penitenciarios como Ancón I y Chimbote, este último equipado recientemente con instalaciones destinadas a este tipo de régimen.
El objetivo principal de esta medida es incentivar a los demás internos a involucrarse en programas de reinserción y evitar una clasificación más estricta que limite sus derechos y libertades dentro del sistema penitenciario.
Redistribución estratégica para mejorar la convivencia
Esta redistribución busca reducir la densidad poblacional en Lurigancho, mejorando las condiciones para los internos que permanecen allí.
La estrategia responde a un plan institucional del INPE que prioriza la descentralización de los reclusos, promoviendo una mejor convivencia y facilitando la implementación de programas de rehabilitación.
Los centros penitenciarios que recibieron a los internos cuentan con mejores infraestructuras y recursos para atender a la población carcelaria.
Un llamado a la colaboración y la rehabilitación
El presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Javier Llaque Moya, destacó la importancia de este traslado como una oportunidad para reforzar las políticas de seguridad ciudadana y rehabilitación en los penales peruanos.
Las autoridades también han señalado que continuarán ejecutando traslados similares en el futuro, en caso de que la sobrepoblación y los conflictos persistan.
Este compromiso refleja un esfuerzo por parte del INPE para garantizar la disciplina y el orden en los penales del país.
Impacto en la seguridad y la disciplina penitenciaria
El traslado masivo no solo busca aliviar el hacinamiento, sino también fortalecer el control y la seguridad dentro del sistema carcelario.
Al reducir la densidad poblacional en penales problemáticos como Lurigancho, las autoridades esperan minimizar los enfrentamientos entre reclusos y crear un entorno más propicio para la rehabilitación.
Además, esta medida refuerza la capacidad del INPE para gestionar situaciones críticas y garantizar que las normas de seguridad se apliquen de manera efectiva.
La reubicación masiva estratégica también permite a las autoridades monitorear mejor a los internos clasificados como de alto riesgo.
Una medida necesaria con desafíos por delante fue la reubicación masiva
El traslado de más de 90 presos venezolanos y otros internos de diferentes nacionalidades es una medida acertada para enfrentar el hacinamiento y mejorar las condiciones en los penales peruanos.
Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad del INPE para mantener un control efectivo en las nuevas ubicaciones y garantizar la continuidad de los programas de rehabilitación.
Es crucial que las autoridades refuercen la infraestructura penitenciaria y fomenten la participación de los reclusos en actividades constructivas, creando un sistema que priorice tanto la seguridad como la reintegración social.