Una jueza federal en Boston bloqueó este jueves la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar los beneficios migratorios a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que se acogieron al programa de parole humanitario.
La magistrada Indira Talwani determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había interpretado mal la legislación al intentar reducir el tiempo de estancia legal para los beneficiarios del parole.
Talwani, según reportes de Reuters, dejó claro que “lo que están priorizando no son las personas que cruzan ilegalmente, sino a quienes siguieron las reglas”.
Este fallo detiene temporalmente las intenciones de la administración republicana, que quería eliminar estos beneficios migratorios a partir del 24 de abril, afectando a más de medio millón de migrantes, quienes habrían perdido sus permisos laborales, dejándolos sin estatus legal ni opciones para evitar su expulsión del país.
La anulación del parole fue anunciada en marzo en una notificación publicada en el Registro Federal y vista como parte de una estrategia para asegurar la frontera y romper con el “círculo vicioso” de la inmigración irregular.
Más de 500.000 migrantes afectados por revocación de parole humanitario
El programa, instaurado durante la presidencia de Joe Biden, permitió a más de 531.000 personas de esos países ingresar a la nación norteamericana por vía aérea siempre que tuvieran un patrocinador financiero, compraran su propio pasaje y superaran controles médicos y de antecedentes.
Se estima que en total 110.240 cubanos, 211.040 haitianos, 93.070 nicaragüenses y 117.330 venezolanos ingresaron a Estados Unidos desde el lanzamiento del programa en enero de 2023 hasta diciembre de 2024, estableciéndose en el sur de Florida, donde residen y laboran.
El DHS argumentó en documentos judiciales que el programa ya no cumplía con los criterios de “beneficio público significativo” ni “necesidad humanitaria urgente”, además de contribuir al colapso del sistema migratorio, especialmente en los aeropuertos de Florida, donde alrededor de 80% de los migrantes llegan.
Sostuvieron que al menos 75.000 beneficiarios del parole habían solicitado asilo, lo cual consideraban un factor que aumentaba los retrasos procesales.
