Las redadas de ICE en la construcción afectan a miles de trabajadores en Estados Unidos. Esta situación está generando una crisis en un sector que ya sufre por falta de mano de obra. La más reciente ocurrió en una obra cerca de la Universidad Estatal de Florida, donde al menos 100 trabajadores fueron detenidos por autoridades migratorias.
Detenciones masivas en obras de Florida y Texas
Las redadas de ICE en la construcción han impactado directamente a comunidades migrantes. En Laredo (Texas) y Wildwood (Florida), más de 60 trabajadores fueron arrestados la semana pasada. Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, al menos un 31 % de los trabajadores del sector son latinos, y muchos podrían estar en situación irregular.
El Urban Institute estima que hasta un 54 % de los trabajadores inmigrantes del sector carecen de documentos. Este contexto ha generado un ambiente de temor en las obras, incluso entre aquellos con estatus migratorio regular.
Temor, retrasos y aumento de costos en la vivienda
Expertos como Jorge González-Hermoso advierten que las redadas de ICE en la construcción pueden desacelerar los proyectos de vivienda, ya que los contratistas tendrán dificultades para reemplazar al personal. Esto podría elevar los costos de las obras y afectar directamente el precio final de venta o alquiler.
La profesora Betsey Stevenson de la Universidad de Michigan alerta sobre el “chill effect”: el miedo generalizado que impide a los trabajadores presentarse a sus empleos por temor a ser detenidos.
Llamados a una reforma migratoria estructural
Organizaciones como el National Immigration Forum piden aumentar la cantidad de visados laborales, señalando que el sistema actual no satisface la demanda del mercado. La construcción residencial en estados como Florida, Texas y Nueva Jersey depende en gran parte de migrantes, quienes fueron claves en la reconstrucción tras huracanes recientes.
Según Michael Bellaman, de la Asociación de Constructores y Contratistas, el déficit de mano de obra este año asciende a 439.000 trabajadores. Mientras tanto, el sector sigue en crisis ante la falta de soluciones legislativas duraderas.
Con información: elpais.com
