El Cicpc detuvo a tres hombres solicitados por extorsión en operativos realizados en Zulia y Carabobo. Todos estaban implicados en delitos motivados por el cobro ilegal de dinero a través de amenazas.
La extorsión sigue siendo una de las principales amenazas criminales
El delito de extorsión ha sido señalado por las autoridades como una de las formas más frecuentes de presión ejercida por grupos delictivos y delincuentes comunes en Venezuela. La motivación central en estos casos es obtener beneficios económicos a cambio de no causar daño físico, económico o social a las víctimas.
Los recientes operativos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) revelan cómo estas prácticas continúan extendiéndose, incluso con complicidad y apoyo logístico en distintas regiones del país.
¿Quiénes son los implicados y qué tipo de extorsión cometieron?
Aunque las autoridades no revelaron los detalles de cada caso, los perfiles de los detenidos reflejan distintos grados de participación en esquemas de extorsión:
- Gabriel Enrique Vargas Mendoza (34) fue aprehendido en la urbanización Altos de Sol Amado, en Maracaibo, estado Zulia. Estaba requerido por un tribunal de control por el delito de extorsión. Lo que indica una causa penal activa relacionada con amenazas para obtener dinero o favores.
- En otro caso, Edduin Ramón Morán Pérez (41) fue detenido en Rosario de Perijá, Zulia, solicitado no solo por extorsión, sino también por asociación para delinquir y resistencia a la autoridad. Esto sugiere su presunta vinculación a estructuras criminales organizadas dedicadas al cobro ilegal y la violencia intimidatoria.
- Finalmente, Néstor Eduardo Rodríguez Rodríguez (45) fue capturado en Los Guayos, estado Carabobo, acusado de extorsión en grado de complicidad. Lo que apunta a una participación indirecta o de apoyo en una operación extorsiva.
El móvil: presión económica y amenaza como forma de control
La extorsión suele estar motivada por la posibilidad de obtener ganancias rápidas a través del miedo, utilizando llamadas telefónicas, mensajes amenazantes o incluso visitas presenciales. En algunos casos, se vincula con organizaciones criminales, mientras que en otros, con redes locales o actores individuales que conocen las rutinas y vulnerabilidades de sus víctimas.
El Cicpc ha reiterado que este tipo de delitos atenta directamente contra la tranquilidad familiar y el derecho a la propiedad, por lo que ha intensificado operativos para dar con los responsables.
Todos los implicados quedaron a la orden del Ministerio Público, que continuará con las respectivas acusaciones judiciales.
