Una operación policial en San Martín de Porres, Lima, permitió la captura de cinco presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión. La banda extorsionaba a sus víctimas con dinamita, armas de fuego y mechas, que usaban para amenazar y cobrar a transportistas de la zona norte del país.
Utilizaban explosivos para cobrar extorsiones
Los detenidos, tres hombres venezolanos y dos de origen cubano, fueron capturados con dinamita, armas de fuego y otros artefactos explosivos. La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que estos individuos también estén vinculados a casos de sicariato ocurridos en Lima Norte en los últimos meses.
Durante la intervención, los sujetos intentaron huir, pero los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) lograron su captura. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los extranjeros, aunque indicaron que ya se inició una verificación de sus antecedentes penales y situación migratoria.
Autoridades investigan vínculos con asesinatos
Según información difundida por Panamericana, esta banda podría estar relacionada con robos, asesinatos y otras operaciones criminales. El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, confirmó que los detenidos ya están bajo custodia y que se evalúa su posible participación en redes de crimen organizado internacional.
Además, se investiga si los detenidos están conectados con la estructura criminal DESA II – Los Occidentales, considerada una segunda generación de la banda Delincuentes Extorsionadores Secuestradores Antitren (DESA).
DESA II: empresa fachada y lavado de dinero
La banda DESA II ha generado conmoción en Perú por sus métodos violentos y su capacidad operativa. Según el Ministro del Interior, Carlos Malaver, la organización lavaba dinero utilizando siete empresas de fachada, a través de las cuales enviaban fondos hacia Ecuador, Colombia y Venezuela, para luego reingresarlos a Perú simulando actividades legales.
La fiscal provincial Nelly Millones está al frente de la investigación, que abarca ocho carpetas fiscales y al menos diez empresas sospechosas. Hasta el momento, se han congelado 50 cuentas bancarias y se han incautado 20 millones de soles, equivalentes a unos 5,7 millones de dólares.
Los transportistas, principales víctimas
Los principales blancos de estas bandas son conductores, cobradores y empresas de transporte, quienes han denunciado reiteradas amenazas, cobros ilegales y atentados. Uno de los casos más graves fue el asesinato de Paul López, chofer de la empresa Aquarius, el pasado 2 de abril.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la conexión directa entre los detenidos y la red DESA II, así como su posible implicación en cinco homicidios recientes en la capital peruana.