Nicolás Maduro designó como abogado principal al penalista estadounidense Barry Pollack, reconocido por su participación en la defensa de Julian Assange, según consta en el expediente judicial abierto en Nueva York.
La contratación se produjo luego de la captura de Maduro en Caracas y su posterior traslado a una prisión federal en Estados Unidos, donde enfrenta cargos vinculados a delitos transnacionales.
La defensa quedó registrada en un tribunal federal de Nueva York
El nombre de Barry Pollack figura como representante legal en la causa que se tramita en la jurisdicción federal de Manhattan, donde Maduro realizó su primera comparecencia judicial.
Fuentes judiciales confirmaron que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, permanecen recluidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.
El perfil del penal donde permanece detenido
El Metropolitan Detention Center concentra a detenidos de alto perfil y aplica regímenes de custodia reforzada cuando las autoridades lo consideran necesario.
En este centro, los internos pueden quedar bajo aislamiento preventivo o vigilancia especial, según evaluaciones de seguridad internas.
Quién es Barry Pollack y cuál es su trayectoria legal
Barry Pollack es un abogado penalista con sede en Washington y socio del bufete Harris, St. Laurent & Wechsler, especializado en litigios federales complejos.
Su nombre adquirió proyección internacional en 2024, tras participar en la negociación que permitió la liberación de Julian Assange, luego de años de litigios judiciales.
Además de ese caso, Pollack ha intervenido en procesos de alto impacto en Estados Unidos, incluyendo defensas que derivaron en absoluciones y revisiones de condenas federales.
Estrategia legal y cuestionamientos a la jurisdicción
De acuerdo con información difundida por medios internacionales, el equipo legal de Maduro evalúa impugnar la jurisdicción del caso y las condiciones de su captura.
La estrategia incluiría argumentos relacionados con inmunidad y competencia judicial, en caso de que el proceso avance en el Distrito Sur de Nueva York.
Mientras el proceso judicial continúa, las decisiones sobre medidas de seguridad, audiencias y procedimientos quedan bajo control del sistema federal estadounidense.
