El cierre de El Helicoide fue anunciado la noche del viernes 30 de enero de 2026 por el gobierno interino de Venezuela, como parte de una serie de medidas asociadas a la aprobación de una ley de amnistía general. La decisión marca un cambio significativo sobre el uso de una de las instalaciones más controvertidas del país en las últimas décadas.
El anuncio se realizó durante un acto oficial en el Tribunal Supremo de Justicia, donde se expuso el nuevo destino que tendrán las instalaciones. El complejo dejará de funcionar como centro de detención y será reconvertido para usos sociales, deportivos, culturales y comerciales dirigidos a funcionarios policiales y comunidades cercanas.
Qué implica el cierre de El Helicoide
La medida se enmarca dentro del relanzamiento de la Misión Guardianes de la Patria, un programa orientado a la atención socioeconómica del personal policial. Según lo informado, el objetivo es redefinir el espacio para actividades comunitarias y de bienestar, eliminando su función como recinto de reclusión.
El anuncio ocurre días después de que autoridades estadounidenses adelantaran públicamente que el complejo sería clausurado. La confirmación oficial refuerza el giro institucional planteado por la administración interina en materia de seguridad y derechos civiles.
El Helicoide y su papel en la historia reciente
El Helicoide funcionó durante años como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y como centro de detención. Su nombre quedó asociado a denuncias reiteradas de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones de derechos humanos durante el período de confrontación política.
Diversos informes internacionales documentaron estas prácticas y ubicaron al recinto como un símbolo del aparato represivo del Estado. El cierre del lugar responde a la necesidad de desmontar estructuras vinculadas a ese período de violencia institucional.
Relación con la ley de amnistía general
La clausura del centro se produce tras el anuncio de una ley de amnistía general que abarca hechos de violencia política desde 1999 hasta la actualidad. Ambas decisiones forman parte de una estrategia orientada a la reconciliación institucional y al restablecimiento de garantías legales.
El gobierno interino sostiene que estas acciones buscan reparar daños acumulados y reorientar el uso de infraestructuras estatales hacia fines civiles. El cierre de El Helicoide representa uno de los gestos más simbólicos dentro de este proceso.
