El periodista venezolano, Eligio Rojas, aseveró que los más recientes ataques a sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Las Tejerías (Aragua) y la Cota 905 (Caracas), habrían sido responsabilidad de Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias «El Conejo», quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana desde febrero de 2022.
El pasado domingo 29 de mayo, en horas de la madrugada, se conoció de los ataques perpetrados de manera simultánea contra las comisarías antes nombradas.
El suceso en Tejerías duró aproximadamente 10 minutos, refirió Rojas, y se llevó a cabo desde una de las garitas construidas por la banda criminal como parte de una estructura desde la cual tenían la zona bajo control; la misma garita en la que resultó herido Carlos Revette, alias «El Koki», durante la Operación Gran Cacique Guaicaipuro II. Diez sujetos abrieron fuego contra la Subdelegación con lo que se conoció, de manera extraoficial, serían balas trazadoras.
Este tipo de municiones, reveló Rojas, estarían troqueladas con el sello de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM). Así lo arrojó a pesquisa posterior al ataque, en que las autoridades colectaron los cartuchos expedidos por los atacantes.
Las balas trazadoras son las que se utilizan en ataques nocturnos porque despiden una estela de luz, y así es posible direccionar los disparos hacia el objetivo de forma certera en plena oscuridad. En esta ocasión, los delincuentes habrían utilizado al menos 300 de estas balas.
Según la investigación particular realizada por el periodista, cada una de estas municiones tiene un valor actual de 1.5 dólares; una munición normal cuesta 1 dólar.
La planificación de este ataque, explicó Rojas, partió de alias «El Conejo», y contó con la colaboración de Héctor Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», actualmente recluido en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón. Guerrero está cumpliendo condena de 17 años por la comisión de al menos 12 delitos, entre ellos secuestro, extorsión, homicidio, robo de vehículos y tráfico de material de guerra.
Alias «El Conejo» y alias «Niño Guerrero», entonces, estarían actuando en conjunto para intentar recuperar el control de la zona de donde la banda de alias «El Conejo» fue desalojado en febrero y por donde pretendían pasar la droga proveniente de Colombia, en una ruta segura, hacia el centro del país.
Respecto al ataque al pesto móvil e atención de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la Cota 905, en Caracas, Rojas aseguró que las municiones estaban igualmente troqueladas con el sello de CAVIM. En este ataque se utilizó una granada M26-A2 y proyectiles.
Producto de la detonación de la granada, un funcionario de la PNB resultó herido; otros dos recibieron heridas de arma de fuego.
La hora del ataque el la Cota 905 y el sector, sugiere la búsqueda de una contraofensiva por parte de las autoridades policiales que, en el peor de los casos, habría dejado daños colaterales y una cantidad indeterminada de posibles víctimas inocentes, producto del fuego cruzado. Así lo refirió un directivo de la PNB consultado de manera anónima por Rojas.
Se presume que, así como la banda de «El Conejo», lo que queda de la banda de «El Koki» está tratando de recuperar el dominio de la Cota 905, de donde fue desalojada en la Operación Gran Cacique Guaicaipuro I, en julio de 2021.
Recordemos que su verdadero cabecilla, Carlos Calderón Martínez, alias «El Vampi», continúa fuera del radar de las autoridades y pesa sobe él una recompensa de 500 mil dólares. También está prófugo el lugarteniente Garbis Ochoa Ruiz, alias «El Garbis», con la misma suma sobre información de su paradero.
Una investigación de Eligio Rojas arrojó que cerca de 30 integrantes de la banda de la Cota 905 que no fueron detenidos o identificados durante el operativo de 2021, continúan viviendo en esa comunidad.
Anterior a este ataque, el 13 de mayo, se perpetró otro suceso pero contra la sede de la División Contra la Delincuencia Organizada de la PNB, ubicada en la Cota 905 en el sector San Miguel, en una casa que era propiedad de alias «El Garbis».
Venta de beneficios a privados de libertad
Durante la más reciente entrega de Tubazos, Eligio Rojas alertó sobre una resunta situación de corrupción detectada en el ministerio para el Servicio Penitenciario.
Hace una semana se conoció de la detención de 4 funcionarios adscritos a la mencionada institución estadal, acusados de presuntamente cobrar a los detenidos por las pruebas psicosociales. Estas pruebas son exigidas cuando los privados de libertad están en el proceso de una posible medida sustitutiva de la prisión o su causa penal se seguirá fuera del centro de reclusión.
Extraoficialmente se upo que el cobro a los detenidos por dicha prueba oscila entre 100 y 200 dólares, a manos de la mafia recién desmantelada. El cobro de otros servicios, como la visita conyuga, la entrada de comida o medicina, ya han sido denunciados desde este mismo espacio.
El trámite de la prueba psicosocial, al igual que los ya nombrados, son servicios gratuitos que garantiza el Estado.
La detención de los funcionarios de Servicios Penitenciarios se llevó a cabo por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que expuso la situación ante la ministra Mirelys Contreras quien, a su vez, envió un comunicado desde su despacho que confirma el inicio del Plan Mano de Hierro contra la corrupción.
De forma extraoficial, Rojas develó la identidad de tres de los cuatro funcionarios detenidos:
-Enller Miguel Sánchez, chofer y escolta del director de relaciones internacionales u derechos humanos del ministerio
-María Elena Meza Montaño
-Jackeline del Valle Urbina Bracamonte
La identidad del cuarto detenido, aseguró Rojas, no fue asentada en el acta de presentación en Tribunales de los imputados.
Los delitos que enfrentan son: cómplice simple en el delito de corrupción, asociación para delinquir y corrupción propia agravada. El Tribunal acogió la precalificación que le hizo el Ministerio Público, ordenó la privativa de libertad para los tres ciudadanos y ordenó su detención en el centro penitenciario Rodeo 2 y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
La investigación continúa en curso.
Con información de NADH
