El Gobierno venezolano sufrió un nuevo revés en el juicio por el oro retenido en el Banco de Inglaterra, después que la Corte Suprema del Reino Unido ordenó pagar los costos del juicio por el oro, según publicó el medio digital Infobae.
Esto representa un nuevo triunfo que ha conseguido el Banco Central de Venezuela y la Procuraduría Especial designados por el líder opositor Juan Guaidó frente a la administración del presidente Nicolás Maduro. Los dos rivales políticos se enfrentan desde 2019 por el acceso a los lingotes, valorados en más de 2 mil millones de dólares y custodiados desde hace años por el Banco de Inglaterra en sus cámaras acorazadas.
En el conocido litigio por el control de las reservas auríferas venezolanas, en el cual se discute sobre la legitimación de las autoridades del Banco Central de Venezuela, entre las designadas por Guaidó y por el chavismo, la Corte Suprema de Justicia sentenció el 20 de diciembre de 2021 que el Gobierno británico reconocía inequívocamente a la administración de Guaidó y, por consecuencia, a la junta administradora ad hoc del BCV designada por éste, y la legitimidad del procurador especial designado con base en el estatuto que rige la transición.
“Queda pendiente que la Corte de Comercio se pronuncie sobre el no reconocimiento de las decisiones dictadas por el Tribunal Supremo de Maduro que pretenden anular todos los actos de la Asamblea Nacional electa en el año 2015″, reza un comunicado de la delegación opositora, publicado a través de Procuraduría Especial.
Y continúa: “Ahora, días antes de que se realice la audiencia para debatir, y luego decidir, sobre la ineficacia de esas decisiones, la misma Corte Suprema en decisión de 7 de julio de 2022 ha ordenado a las autoridades del Banco Central designadas por Maduro que reintegre al Banco Central cuyas autoridades ha nombrado Guaidó, la cantidad de 400 mil libras esterlinas (aproximadamente 480 mil dólares) pagados a los abogados de Maduro en diciembre de 2020″.
Agrega: «Adicionalmente, le ha condenado a pagar las costas (honorarios y gastos del proceso) por las incidencias y actuaciones de segunda instancia y las ejecutadas ante la misma Corte Suprema de Justicia, cuyo importe se estimará en los próximos días, y que podrían superar el millón de dólares”.
Con información de Infobae