Con una asignación de apenas 7,44% del Presupuesto 2023, la crisis del sector amenaza con prolongarse y dejar a la inmensa mayoría de los venezolanos sin más opciones que acudir a una red hospitalaria colapsada, sin insumos ni personal especializado, ante la imposibilidad de costear un seguro privado, así lo reseñó la ONG TRANSPARENCIA VENEZUELA.
La conmemoración del Día Mundial de la Salud coincide, este año, con el 75° aniversario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), instancia que promueve como lema “Mejoras en la Salud Pública. Salud para todos”. Pero esta aspiración de revisar los éxitos de más de siete décadas y motivar a las naciones a la acción, para abordar los desafíos del sector de cara al futuro, no encuentra eco en un país como Venezuela, cuyo sistema hospitalario presenta fallas estructurales, además de un evidente déficit de insumos, equipos y personal especializado. Ante esta realidad, el acceso a una atención médica gratuita y de calidad ha dejado de ser un derecho humano que beneficie a todos, para convertirse en un privilegio de pocos y pudientes.
En medio de un escándalo de corrupción sin precedentes, se evidencia que con el colosal desfalco de fondos públicos se ha dejado de atender áreas sensibles para garantizar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, entre ellas la salud. Así, lejos de mejorar, la crisis del sector salud amenaza con profundizarse por falta de inversión y ausencia de políticas efectivas para hacer frente a la crisis.
En declaraciones recientes, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, señalaba que el monto del desfalco por la trama de la corrupción en Pdvsa, que algunos ubican en USD 3.000 millones, equivale a un tercio del presupuesto de la nación.
A pesar de la opacidad y las restricciones al acceso a la información pública, la organización obtuvo a través de una fuente el proyecto de Presupuesto 2023.
En un primer análisis del documento, determinó que de los USD 9.765.665.449 que aprobó la Asamblea Nacional, se asignaron al Ministerio de Salud casi 727 millones de dólares, monto que equivale a, apenas, 7,44% del total.
Además de lucir insuficiente para paliar la crisis en un sector con tantas carencias, esta cifra se reduce aún más si se toma en cuenta que USD 315 millones, es decir, 43,4% del total de la asignación, se destinará a la ejecución de tan sólo 7 proyectos. Se espera que éstos no corran la misma suerte de las 246 obras inconclusas documentadas por Transparencia Venezuela, de las cuales 22 son del sector salud.
Privatización indirecta
Para el grueso de los venezolanos, el dicho “salió peor el remedio que la enfermedad” es una verdad demoledora. Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, denunció en días pasados que en el sistema de salud pública se ha producido una privatización indirecta por falta de atención del Estado. De acuerdo con los datos que maneja la organización, cerca de 90 % de la población venezolana que acude a los centros de salud públicos, no puede pagar una clínica o no tiene un HCM o póliza privada de salud.
Además del deterioro de la infraestructura hospitalaria, Lorenzo explicó que cualquier persona que acuda a estos centros tiene que hacerse los estudios fuera de la institución, comprar materiales y adquirir los medicamentos para recibir tratamiento. La situación para el paciente se complica aún más cuando se trata de una emergencia grave o una cirugía, pues en buena parte de los centros asistenciales no funcionan los servicios de laboratorios o rayos X, y son sus familiares quienes deben cubrir los gastos de los estudios externos y la compra de medicinas e implementos que van desde guantes y jeringas hasta costosas piezas ortopédicas para remediar lesiones óseas.
Además, el déficit de insumos de quirófano indispensables para cirugías, incluyendo analgésicos y anestésicos, se ubica actualmente en 70%, según la reciente Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) que catalogó de crítica la situación que atraviesan los centros de salud.
Médicos migrantes
La escasez de personal médico especializado es otra arista del problema al que se exponen los ciudadanos que no tienen más opción que acudir a la red pública de salud para recibir atención. Según la Federación Médica de Venezuela, de los 7,1 millones de connacionales que han salido del país en busca de un mejor futuro, al menos 42.000 son trabajadores de la salud. El presidente del gremio, Douglas León Natera, aseveró que la migración masiva de médicos de todas las especialidades es consecuencia de los pésimos salarios, la crisis económica y la persecución que han sufrido muchos de sus afiliados que se atreven a demandar mejoras o a denunciar las fallas.
Por otra parte, la salud no está exenta de la opacidad que priva en todos los asuntos gubernamentales. Desde 2017 no se publican las estadísticas epidemiológicas y el secretismo y la desinformación se mantuvieron incluso en tiempos de pandemia. Ante el manejo poco transparente de datos vitales, para que la ciudadanía tome decisiones acertadas con respecto a su salud, se acrecientan los rumores y con ellos la incertidumbre.
Sin datos confiables sobre enfermedades endémicas y el plan de vacunación, cada tanto se propagan “noticias” sobre la reaparición de patologías erradicadas o prevenibles con la aplicación de antígenos, como la tuberculosis, la malaria y, más recientemente, la difteria.
En su reciente balance, la organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) Venezuela informó que en 2022 realizaron 140.479 pruebas para detectar malaria, de las que 32.165 resultaron positivas y las personas fueron tratadas. De igual modo, llevaron a cabo 277 jornadas comunitarias con el Plan Malaria, así como 52 capacitaciones para el diagnóstico de esta enfermedad.
Hoy, Día Mundial de la Salud, Transparencia Venezuela reivindica el llamado de la OMS a que en Venezuela se produzcan “mejoras en la salud pública” y a que la “salud para todos” sea una realidad y no mera retórica para conmemorar una fecha. Garantizar el acceso a la salud como un derecho humano fundamental, requiere de la implementación de políticas efectivas, transparentes, que pongan el foco en el ciudadano y que permitan que los recursos lleguen a donde tienen que llegar.
