En un hecho estremecedor, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha detenido a un septuagenario y a una mujer por los delitos de violación y asesinato de una niña en el sector La Banera de Los Chorritos, parroquia Tocuyito, municipio Libertador, estado Carabobo. Este incidente revela una situación de violencia y abuso que ha conmocionado a la comunidad.
Vínculos Familiares y Abuso: La pequeña víctima, identificada como Eliannys Mora, fue objeto de abusos sexuales y maltratos por parte de su abuelo paterno, C.M, de 72 años, y su madrastra, O.A.R.V, de 26 años. El abuelo aprovechaba su relación familiar para cometer los abusos sexuales, mientras que la madrastra maltrataba a la niña en ausencia del padre. La hermana mayor de Eliannys, de 10 años, también víctima de los mismos abusos, comparte el espantoso vínculo.
El Día Trágico: En el fatídico día, la madrastra forzó a las niñas a realizar flexiones y, al notar que Eliannys no podía soportar el castigo, la golpeó brutalmente con un martillo hasta que perdió el conocimiento y, posteriormente, la vida. A pesar de los intentos de socorrer a la niña, estos fueron infructuosos, y la madrastra trató de simular un hecho diferente para encubrir el crimen.
Investigación y Causa de Muerte: Tras el fallecimiento de la pequeña, los funcionarios del Senamecf realizaron la autopsia correspondiente, revelando que Eliannys había fallecido por síndrome del niño maltratado, politraumatismo generalizado, hemorragia intracerebral, desgarro esplénico debido a golpiza y presentaba signos de abuso sexual.
Arresto y Judicialización: Ambos criminales fueron apresados y puestos a disposición de la Fiscalía 20° del Ministerio Público, enfrentando cargos por violación y homicidio. Este trágico suceso destaca la necesidad de una respuesta legal contundente frente a actos tan atroces.
La brutalidad de este caso subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección a menores y concienciar sobre la importancia de denunciar el maltrato. Es crucial que las autoridades garanticen una investigación exhaustiva y un proceso judicial justo, asegurando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. La sociedad debe unirse en la protección de los niños.