El presidente de la Línea de Conductores de Antímano, David Bonalde, anunció un incremento significativo en el precio del pasaje mínimo urbano en Caracas, generando expectativas y preocupaciones entre la población.
Este ajuste, que entrará en vigencia el próximo 25 de marzo, ha sido tema de debate entre los transportistas y las autoridades, suscitando interrogantes sobre su impacto en la economía local y el bienestar de los ciudadanos.
El acuerdo entre transportistas
En una reunión de representantes del gremio de transportistas, se estableció un consenso para fijar el nuevo precio del pasaje mínimo urbano en 15 bolívares, lo que representa un incremento del 50% respecto al costo actual de 10 bolívares.
David Bonalde, líder de la Línea de Conductores de Antímano, destacó que esta decisión se basó en análisis exhaustivos de costos operativos, con el objetivo de mantener la viabilidad económica de las unidades de transporte y minimizar el impacto en los usuarios.
Razones detrás del aumento
Bonalde explicó que el incremento tarifario responde a la necesidad de cubrir los gastos operativos del servicio de transporte, considerando la dificultad para obtener efectivo en bolívares y la falta de respuesta por parte de las autoridades ante las solicitudes del gremio.
Aunque reconocen que el aumento puede generar incomodidad en la población, los transportistas argumentan que es una medida necesaria para garantizar la continuidad del servicio y evitar la paralización de las operaciones.
Perspectivas y propuestas
El presidente de la Línea de Conductores de Antímano resaltó la propuesta del gremio de establecer el pasaje urbano en 0,40 centavos de dólar, argumentando que esta tarifa reflejaría de manera más precisa los costos reales del servicio.
Además, señaló que muchos de los insumos, trámites y sanciones asociadas al transporte ya se realizan en dólares, lo que evidencia la complejidad de la situación económica en el sector.
Ante el aumento del pasaje mínimo urbano en Caracas, es crucial que las autoridades gubernamentales y los actores involucrados en el transporte público trabajen en conjunto para buscar soluciones sostenibles que equilibren las necesidades de los transportistas y los derechos de los ciudadanos. Se recomienda establecer mecanismos de diálogo y negociación que permitan abordar las preocupaciones de ambas partes y encontrar alternativas que garanticen un acceso equitativo y asequible al transporte público en la ciudad
