El estado Guárico ha sido escenario de un significativo aumento en las detenciones por extorsión durante los primeros cinco meses de 2024. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), 37 personas fueron arrestadas en relación con este delito, lo que subraya la persistencia de esta problemática en la región llanera.
El OVV de Guárico reportó que la extorsión fue una táctica empleada por grupos criminales en siete de los quince municipios del estado. Las detenciones incluyeron a 26 hombres y 11 mujeres, destacando la diversidad de personas involucradas en estas actividades ilícitas. La prensa local ha documentado exhaustivamente estos casos, revelando la magnitud de la situación.
Entre enero y mayo de 2024, se llevaron a cabo 16 operativos de seguridad en los municipios de Infante, Roscio, Ribas, Miranda, Mellado, Zaraza y El Socorro. Estos operativos fueron liderados por una combinación de fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y PoliGuárico. La colaboración entre estos organismos ha sido crucial para enfrentar la creciente amenaza de la extorsión en la región.
El gobernador de Guárico, José Vásquez, había anunciado en enero de 2024 que la extorsión había disminuido un 50% durante 2023. No obstante, los datos del OVV indican que el delito sigue siendo un problema considerable. Las cifras actuales de detenciones y los reportes de prensa sugieren que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la extorsión sigue afectando significativamente a los ciudadanos de Guárico.
La presencia de extorsionadores no solo afecta a las víctimas directas, sino que también genera un clima de inseguridad y miedo en toda la comunidad. Las amenazas y coacciones impuestas por estos grupos criminales tienen repercusiones graves, desde el cierre de negocios locales hasta la desconfianza en las instituciones de seguridad pública. La violencia y la intimidación asociadas con la extorsión pueden desestabilizar la vida cotidiana y la economía local, exacerbando la crisis social y económica en la región.
La situación en Guárico requiere una atención urgente y un enfoque integral. Es fundamental que las autoridades intensifiquen los operativos de seguridad y fortalezcan la cooperación entre las distintas fuerzas policiales. Además, es necesario implementar programas de prevención que involucren a la comunidad, educando a los ciudadanos sobre cómo identificar y denunciar actos de extorsión. La inversión en tecnología y capacitación para los cuerpos de seguridad puede mejorar la eficacia de las investigaciones y operativos. Finalmente, el apoyo psicológico y legal a las víctimas de extorsión es crucial para mitigar el impacto de estos delitos y fomentar un ambiente de seguridad y confianza en la región.
