El Ministerio Público imputó a 10 funcionarios de MinVivienda por su presunta participación en una red delictiva que desalojaba y revendía inmuebles de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Los detenidos habrían obligado a los residentes de urbanismos a abandonar sus viviendas mediante amenazas, para luego venderlas en dólares a nuevos ocupantes. Este caso ha generado un gran revuelo, especialmente tras las denuncias realizadas por la viceministra Carolina Cestari.
Operativo policial y primeras detenciones de funcionarios de MinVivienda
La investigación se inició cuando la Policía Nacional Bolivariana (PNB) recibió la denuncia de la viceministra Cestari, lo que permitió la detención de cinco personas en un primer operativo. Entre los capturados se encontraba Ada Nacary Llovera Castellanos, líder comunitaria, y varias funcionarias del Ministerio de Vivienda, incluyendo a Liliana Rojas Franco, Lissette Del Valle Naranjo Bello, Deisy Yasmin Castillo Gaspar y Yesika Arlenis Suárez Moreno.
El Tribunal 2 de Control del Área Metropolitana de Caracas presentó a estas personas y les imputó delitos como “retraso u omisión intencional de funciones” y “acceso indebido a sistemas protegidos”, según lo establecido en la Ley contra la Corrupción. Las investigaciones revelaron que los implicados habrían utilizado armas de fuego para intimidar a los residentes y forzarlos a desalojar sus viviendas.
Mecanismo de la estafa: reventa en dólares
Una vez que los inmuebles eran desalojados, los apartamentos eran adjudicados a nuevos ocupantes que pagaban entre 5,000 y 7,000 dólares por la propiedad. Este esquema, que operaba bajo la fachada de la adjudicación legal, se valía de la vulnerabilidad de las víctimas para generar ganancias en moneda extranjera, aprovechando el déficit habitacional en el país y la necesidad de vivienda de la población.
El modus operandi de la red incluía la falsificación de documentos y el uso indebido de los sistemas de registro del Ministerio de Vivienda, lo que les permitía realizar las transferencias de propiedades de forma encubierta.
Implicación de altos funcionarios del MinVivienda
En un segundo operativo, la PNB detuvo a cinco directores de línea del Ministerio de Hábitat y Vivienda. Entre ellos, Peregrina Alejandrina Amor Morelo, Mary Yoselin Trejo Peñaloza, Miguel Ángel Tovar Quijada, Wilivaldo Manuel Goyo Ramírez y Karla Eduviges Sáenz Camacho. Estas personas, al igual que los primeros detenidos, ocupaban cargos clave dentro del ministerio y habrían utilizado su posición para facilitar las ventas ilegales de los apartamentos.
En un tercer procedimiento, fue arrestado Germán Antonio Medina Vargas, analista del MinVivienda, quien también estaría vinculado a la organización delictiva.
Repercusiones y nuevas denuncias
La difusión del caso ha generado una ola de denuncias por parte de otras víctimas. Tras conocerse los detalles de la operación, ciudadanos de distintas regiones del país acudieron a las sedes de la PNB para reportar casos similares de estafas con inmuebles adjudicados por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Estas denuncias sugieren que la red delictiva podría tener un alcance aún mayor, lo que ha encendido las alarmas en el gobierno y las instituciones encargadas de la adjudicación de viviendas.
Este escándalo revela la profundidad de la corrupción dentro del sector público y plantea un desafío para las autoridades en su lucha por garantizar la justicia y la transparencia en los programas de vivienda social del país.
