Operativo en sauna de Barquisimeto se convirtió en uno de los casos más polémicos de los últimos días en Venezuela. Lo que comenzó como una intervención policial en un local frecuentado por personas de la comunidad LGBTIQ+ derivó en denuncias de allanamiento ilegal. De acuerdo a la información preliminar presunta extorsión, maltrato verbal y detenciones arbitrarias.
La presión pública y los señalamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos llevaron a la apertura de una investigación que ya dejó a cinco funcionarios policiales detenidos.
Denuncias apuntan a un allanamiento irregular
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de mayo en un establecimiento de entretenimiento ubicado en Barquisimeto, estado Lara.
De acuerdo con los testimonios difundidos por activistas y organizaciones sociales, varios funcionarios vestidos de civil ingresaron al local y retuvieron a decenas de personas que se encontraban en el lugar.
Las víctimas denunciaron que durante el procedimiento fueron sometidas a interrogatorios, humillaciones y expresiones discriminatorias relacionadas con su orientación sexual. Además, señalaron que algunos agentes habrían justificado su actuación alegando supuestos delitos vinculados a la homosexualidad.
Más de una treintena de hombres fueron retenidos
Según las denuncias conocidas hasta ahora, al menos 33 hombres fueron detenidos durante el operativo. Posteriormente, las personas retenidas recuperaron su libertad horas después. Sin embargo, algunas de las víctimas aseguraron que debieron realizar pagos para lograr su liberación.
Hasta el momento, las autoridades no han aclarado oficialmente cuántos funcionarios participaron en el procedimiento. Tampoco si existieron otros involucrados además de los policías que ya fueron arrestados.
Ministerio Público abrió una investigación
Tras la repercusión nacional del caso, el Ministerio Público anunció la designación de la Fiscalía 21 del estado Lara y de la Fiscalía 98 Nacional con competencia en derechos humanos y diversidad de género para investigar los hechos.
De igual manera, la Policía Nacional Bolivariana informó que activó sus mecanismos internos de control y puso a disposición de la Fiscalía a cinco funcionarios presuntamente relacionados con el procedimiento cuestionado.
Los agentes serán investigados por posibles irregularidades ocurridas durante el operativo.
Organizaciones denuncian discriminación y abuso de autoridad
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron el procedimiento como un hecho grave que vulnera derechos fundamentales.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento Somos señalaron que el caso no solo afectó a los propietarios del establecimiento, sino que también expuso a las víctimas a situaciones de humillación pública y discriminación.
Asimismo, exigieron una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y garantizar sanciones contra quienes hayan actuado fuera de la ley.
Un caso que revive antecedentes similares
Activistas recordaron que este no sería un hecho aislado. Según representantes del Movimiento Somos, desde 2020 se han registrado varios procedimientos similares en locales frecuentados por personas LGBTIQ+ en distintas ciudades del país.
Además, el caso trae nuevamente a la discusión pública lo ocurrido en Valencia en 2023, cuando 33 hombres fueron detenidos durante una redada en un establecimiento diverso. Aquel procedimiento generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos.
Investigación continúa abierta
Por ahora, las averiguaciones permanecen en curso y las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió exactamente durante el procedimiento realizado en Barquisimeto.
Mientras tanto, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos mantienen el seguimiento del caso para verificar que las víctimas reciban protección y que los hechos sean investigados de manera imparcial.
El resultado de las investigaciones permitirá determinar si existieron delitos relacionados con abuso de autoridad, extorsión, discriminación o vulneración de derechos fundamentales.
La atención pública permanece centrada en el desarrollo del caso, especialmente ante las denuncias sobre posibles actuaciones irregulares por parte de funcionarios encargados de garantizar la seguridad ciudadana.
