Un tribunal del estado Anzoátegui ratificó la privación judicial preventiva de libertad contra dos sacerdotes investigados por presunto abuso sexual de cuatro adolescentes. La decisión se conoció durante la madrugada de este jueves 29 de octubre, después de una prolongada audiencia de presentación.
Los religiosos fueron identificados como Carlos Eduardo Quintero y Ramón Acosta, detenidos el lunes 26 de octubre. Ambos enfrentan imputaciones por presuntos delitos de abuso sexual agravado y continuado, según informaron medios regionales.
Tribunal de Anzoátegui ordenó mantener detenidos a los sacerdotes
El Tribunal Cuarto de Control del estado Anzoátegui acordó mantener la medida privativa de libertad contra los dos presbíteros.
La decisión se produjo después de que la Fiscalía 16.ª del Ministerio Público presentara los elementos recabados durante la investigación.
De acuerdo con los reportes regionales, los sacerdotes están vinculados al Ordinariato Militar y prestaban servicios en la Diócesis de Barcelona.
La audiencia de presentación se extendió durante varias horas y concluyó en la madrugada del jueves.
El tribunal dispuso que ambos permanezcan bajo custodia en el Comando de Zona N.º 52 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Puerto La Cruz.
La medida constituye una decisión cautelar dentro del proceso penal y no representa una sentencia condenatoria.
Investigan denuncias que involucran a cuatro adolescentes
Según la información difundida, la investigación comprende denuncias relacionadas con cuatro adolescentes de entre 15 y 16 años.
Los jóvenes participaban en actividades religiosas como monaguillos y miembros del coro parroquial de la Ermita del Carmen.
Los hechos investigados habrían ocurrido dentro de las instalaciones del templo, de acuerdo con los elementos presentados por el Ministerio Público.
Sin embargo, estas acusaciones deberán ser examinadas durante el proceso judicial para determinar las responsabilidades correspondientes.
La identidad de los adolescentes debe permanecer protegida debido a su condición de menores de edad y a la naturaleza de las denuncias.
Asimismo, corresponde preservar su privacidad y evitar la divulgación de información que permita identificarlos directa o indirectamente.
Sacerdotes fueron detenidos el 26 de octubre
Carlos Eduardo Quintero y Ramón Acosta fueron detenidos el lunes 26 de octubre, después de una celebración religiosa en honor a José Gregorio Hernández.
Según los reportes, la aprehensión de Quintero ocurrió en las inmediaciones de la Ermita del Carmen, en presencia de feligreses.
El procedimiento generó conmoción entre integrantes de la comunidad religiosa local.
Posteriormente, ambos sacerdotes fueron presentados ante el tribunal competente, que acordó mantenerlos privados de libertad mientras continúa la investigación.
Hasta ahora, la información disponible no incluye declaraciones de los abogados defensores ni una versión pública de los imputados sobre las acusaciones.
Tribunal ordenó reserva de las actuaciones durante 45 días
Una de las decisiones más relevantes de la audiencia fue la reserva de las actas procesales por un período de 45 días.
De acuerdo con los reportes regionales, el tribunal adoptó esta medida debido a la naturaleza de las denuncias y a la necesidad de proteger a los adolescentes involucrados.
La decisión fue vinculada con las garantías establecidas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).
Además, según la información difundida, el juzgado impuso restricciones a las partes del proceso para divulgar información o emitir declaraciones públicas sobre las actuaciones.
La reserva limita el acceso a determinados detalles del expediente, por lo que no corresponde presentar como hechos probados las acusaciones que actualmente se investigan.
Investigación continúa bajo supervisión judicial
El caso seguirá su curso ante los órganos de justicia competentes, mientras el Ministerio Público desarrolla las actuaciones correspondientes.
La medida de privación preventiva de libertad mantiene a los dos sacerdotes bajo custodia, pero no determina su culpabilidad.
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, la responsabilidad penal deberá establecerse mediante una decisión judicial definitiva.
Al mismo tiempo, la protección de los adolescentes involucrados constituye una prioridad durante el desarrollo del proceso.
La ratificación de la medida contra Carlos Eduardo Quintero y Ramón Acosta representa un nuevo avance judicial en la investigación. Las autoridades deberán continuar las actuaciones bajo las garantías del debido proceso y la protección de las presuntas víctimas.
